Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se posicionaron este jueves a favor de reconocer a los familiares del indígena Bonfilio Rubio Villegas, asesinado en un retén militar en Guerrero, como representantes legales para interponer un amparo que permita que el juicio se lleve a cabo en una corte civil.
A pesar de que aún no se realiza la votación, hasta ahora siete ministros se han manifestado a favor, mientras que Margarita Luna, Salvador Aguirre y Guillermo Ortiz expresaron su rechazo.
El caso de Bonfilio es el primero de los 28 amparos que la SCJN busca resolver sobre los límites al fuero militar, una exigencia que se ha plasmado en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano.
José Rubio Villegas, hermano de Bonfilio, explicó que él y el abogado Santiago Aguirre quieren que el caso del asesinato cometido en 2009 se lleve ante un juzgado civil, debido a que las cortes militares no permiten el acceso de ciudadanos no enlistados en el Ejército.
“Hasta ahorita no conocemos ni hemos participado en el juicio que siguieron los militares o el juez militar para dictar la sentencia a esta(s) persona(s) y lo que vemos aquí es que no nada más se tiene que castigar a la persona que disparó, sino que aquí hay otras personas que se deben de aplicar su castigo en la forma como participaron, porque hay algunos que dieron orden de que tiraran”, explicó en entrevista al término de la sesión del pleno.
Bonfilio Rubio Villegas fue asesinado el 20 de junio del 2009, alrededor de las 22:20 horas, después de que un autobús de pasajeros fuera detenido en un retén militar cerca de la ciudad de Huamuxtitlán, en el norte de Guerrero.
Bonfilio viajaba rumbo a la Ciudad de México para llegar a Estados Unidos.
Después de que los militares del retén concluyeron la revisión, el autobús arrancó y después los militares abrieron fuego contra el vehículo y una de las balas mató a Bonfilio.
Las averiguaciones previas sobre el caso las inició un agente del ministerio público del fuero común, el 31 de mayo; sin embargo, los familiares fueron notificados que el Ministerio Público del Fuero Común había declinado la competencia a favor del Ministerio Público Militar, adscrito a la 35 Zona Militar.
El padre y el hermano de Bonfilio presentaron una demanda de amparo el 22 de junio de 2011, en la que impugnaron la declinación de competencia por parte de las instancias civiles.
Ante esta solicitud, una juez de distrito decidió otorgar el amparo a los familiares de Bonfilio, con fecha 2 de diciembre del 2011.
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en representación del presidente Felipe Calderón, impugnó la sentencia que le obligaba a declinar competencia para que las investigaciones sobre el homicidio de Bonfilio se trasladaran al fuero civil.
Esto, a pesar de que en julio del 2011, la Sedena y la Secretaría de Marina se comprometieron a trasladar a tribunales del fueron común todos los casos relacionados con violaciones de derechos humanos de civiles a manos de elementos de las fuerzas armadas.
Santiago Aguirre, abogado de la familia Rubio y parte de la organización de defensa de derechos humanos Tlachinollan, explicó que actualmente un juzgado militar con sede en la capital del país continúa el proceso en contra de cuatro militares que presuntamente estuvieron involucrados en el homicidio de Bonfilio.
“En esa causa todavía no hay sentencia, pero se les está juzgando bajo un delito culposo, como si el homicidio de Bonfilio hubiese sido un accidente, cuando las pruebas indican que abrieron fuego en contra de un autobús de pasajeros y como expertos en el manejo de armas sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo”, dijo en entrevista con CNNMéxico en la SCJN.
Aguirre agregó que el padre de Bonfilio, Secundino Rubio, ha sido presionado por elementos del Ejército para que acepten una indemnización y se retracten de continuar con acciones legales contra los militares.
“No ha llegado a convertirse en una amenaza abierta, pero está esa coerción permanente que genera tener columnas del Ejército entrando a la comunidad”, indicó.
De lograr que el caso sea llevado en un juzgado civil, la familia Rubio y Aguirre buscarán agregar nuevas denuncias contra los militares que ese día estaban en el retén. Por ejemplo, la fabricación de pruebas, ya que después del levantamiento del cadáver, un coronel pidió al agente del Ministerio Público revisar de nuevo el vehículo, y en esa segunda revisión, aparecieron cinco paquetes de marihuana al interior del autobús que originalmente no habían sido detectados.
“No es un caso aislado en cuanto hace a la pretensión del Ejército de incriminar a las víctimas y estigmatizarlas, esa es más bien la práctica sistemática del Ejército en casos de violaciones a Derechos Humanos”, señaló.
El 9 de agosto, la SCJN determinó que cualquier delito que cometa un militar contra un civil debe ser resuelto en un juzgado civil, tomando como base el caso del coronel José Guadalupe Arias Agredano, quien fue acusado de encubrir la tortura y el asesinato del civil Jethro Ramsés Sánchez en el estado de Morelos.
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