Capacitadores del IFE lidian con inseguridad
Capacitadores del IFE lidian con inseguridad y viviendas abandonadas
Los funcionarios tuvieron que enfrentar obstáculos en el 15% de las secciones electorales para el reclutamiento de ciudadanos
Inseguridad asociada con el crimen organizado, viviendas abandonadas, altos índices de analfabetismo, alcoholismo y drogadicción fueron algunos de los problemas que los capacitadores del Instituto Federal Electoral (IFE) tuvieron que enfrentar al momento de reclutar a los más de dos millones 300,000 ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla en las elecciones federales del 1 de julio.
En 9,311 de las 66,740 secciones electorales – casi el 15% del total –, el personal del IFE tuvo que tomar medidas como solo trabajar durante jornadas diurnas, en pareja y bien identificados para evitar ser atacados o incluso confundidos con miembros de grupos delictivos, detallaron los vocales ejecutivos y de capacitación de estados como Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua.
Por otro lado, en entidades como Chiapas y Guerrero, las dificultades se presentaron al toparse con poblaciones casi totalmente analfabetas o que no hablaban español, por lo que tuvieron que reclutar específicamente a capacitadores bilingües o negociar con las autoridades indígenas para que se les apoyara con la traducción de su lengua al castellano.
Si bien el IFE reportó que su primera etapa de capacitación concluyó satisfactoriamente, y pudo reclutar al personal necesario para la instalación de 143,000 casillas previstas para la votación federal, algunos representantes estatales recordaron que tuvieron que enfrentar diversas dificultades para poder llegar a este punto a la segunda etapa, que inició el 8 de mayo y en la que se nombrará a los funcionarios de casilla antes del 30 de junio.
De cómo capacitar en medio de la inseguridad
En un informe de la dirección ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IFE, fechado al 26 de abril del 2012, se detalla que 3,940 secciones electorales (5.90% del total) fueron clasificadas bajo el concepto de “sección de atención especial”, por estar en zonas de alta inseguridad pública. Es decir, son zonas donde se presentan problemas relacionados con el pandillerismo, el vandalismo, la comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas y la presencia de personas armadas.
Esto quiere decir que en dos de cada cinco “secciones de atención especial”, los capacitadores del IFE tuvieron que tomar precauciones específicas para no ser víctimas de la inseguridad.
“Tuvimos que ir a la luz del día, fuimos en pareja, identificados no solo con una credencial o un gafete sino con un uniforme visible y la verdad en algunos casos requerimos vehículos que iban debidamente identificados”, contó Sergio Bernal, vocal ejecutivo del IFE en Nuevo León. Lo mismo sucedió en estados como Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila.
Las “secciones de atención especial” son lugares en los que el instituto debe implementar mecanismos especiales para poder operar tanto para la capacitación como para la instalación de casillas, dado que podrían representar un riesgo para su personal.
Las entidades con el mayor número de secciones relacionadas con la inseguridad se ubicaron en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Coahuila; en total este fenómeno afectó a 25 de las 32 entidades del país.
Los municipios con la mayor cantidad de “secciones de atención especial” por inseguridad fueron Ciudad Juárez, en Chihuahua; Río Bravo, en Tamaulipas, y Monterrey, Nuevo León. En estos tres municipios se concentraron 623 de las 3,940 “secciones de atención especial” lo que representa el 16%.
En el caso de Ciudad Juárez, tanto la Secretaría de Gobernación como la Procuraduría General de la República (PGR) lo han ubicado como el municipio en el que mayor número de muertes relacionadas con el crimen organizado se han registrado en el presente sexenio.
Se solicitó una entrevista con el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, pero la vocería explicó que la seguridad antes y durante los comicios estaría a cargo de los cuerpos federales, quienes coordinarían a las policías estatales y municipales, por lo que no daría entrevistas al respecto.
Los vocales ejecutivos y de capacitación de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila confirmaron que se pudieron integrar prácticamente todas las mesas directivas.
Sin embargo, ante las condiciones de violencia e inseguridad, el vocal de Nuevo León detalló que las autoridades electorales y las de seguridad, a nivel local y federal, han realizado reuniones para garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de los comicios.
“Me refiero a las policías municipales, al ejército, a la Policía Federal Preventiva, a la policía en el ámbito estatal y con cada una de ellas (…) no solo para la jornada electoral, sino de manera previa al proceso electoral que arrancó en octubre, comenzamos a tener reuniones cuyo objetivo principal fue decirles, nosotros vamos a iniciar un trabajo en campo”, dijo en entrevista telefónica.
De cómo reclutar en medio del abandono de viviendas
En Tamaulipas, unas de las entidades más afectadas por la inseguridad y la violencia provocada por el crimen organizado, la migración generada por extorsiones y amenazas fue uno de los principales obstáculos para poder reclutar a funcionarios de casilla, según Fernando Anaya, vocal de capacitación del IFE en la entidad.
“La inseguridad propiamente no es un fenómeno que nos esté afectando de manera directa. Quizá pueda ser utilizado como una problemática colateral que trae daños colaterales porque muchas personas, hasta donde sabemos, deciden dejar sus viviendas o su residencia y migran a otro lugar”, dijo en entrevista telefónica.
“Cuando llega el capacitador a su casa a entregar el nombramiento, no halla a las personas, porque es una vivienda deshabitada”, agregó.
La migración por pobreza
Otro factor que afectó al reclutamiento y capacitación de funcionarios de casillas fue el de la migración, es decir, un gran número de ciudadanos que habían salido sorteados por el IFE no pudieron ser localizados por cambios de domicilio o simplemente las viviendas estaban deshabitadas.
Las “secciones de atención especial” clasificadas bajo este concepto sumaron 4,601, que equivalen a casi al 50% de la totalidad de secciones con problemas.
El IFE incluye también a los casos de Tamaulipas, donde la gente abandona sus hogares por inseguridad, dentro de este concepto.
Chihuahua, Jalisco y Guanajuato son los tres estados que más “secciones de atención especial” presentaron a causa de la migración.
Capacitar en medio del analfabetismo
Mientras en el norte el principal problema que percibe el IFE está relacionado con la inseguridad, en el sur del país el principal problema son los altos índices de analfabetismo, comunidades que casi en su totalidad no hablan español o usos y costumbres que dan pie a que un elevado porcentaje de la población padezca problemas como el alcoholismo o enfermedades crónicas asociadas con la pobreza.
La dependencia identificó 591 secciones electorales como fuentes de posibles dificultades por problemas de salud pública por alcoholismo, drogadicción, enfermedades endémicas y asociadas a la pobreza. En otras 71 se señaló la presencia de conflictos religiosos, en 43 conflictos interétnicos y en 402 conflictos políticos.
En Chiapas, el municipio de San Cristóbal de las Casas es el que más casos de analfabetismo, el de comunidades indígenas que hablan tzotzil y tzetzal y el de poblaciones con alto índice de alcoholismo.
Evander López Alfaro, vocal de capacitación de San Cristóbal de las Casas, recordó que en zonas donde una gran parte de la población seleccionada por el IFE para ser funcionario electoral no sabía leer o escribir o no hablaba español, tuvieron que conseguir personas que pudieran trabajar como funcionarios, aunque no cumplieran los requisitos de que sus apellidos comenzaran con la letra S.
“No es un problema nuevo, por lo que a lo largo del tiempo hemos logrado ubicar a la gente que habla los dos idiomas (español y lengua indígena) que nos ha ayudado a localizar más gente que esté en esa situación”, dijo en entrevista vía telefónica.
En el caso de Ayutla de los Libres, en Guerrero, los problemas relacionados con el idioma se tuvieron que resolver a través de un contado número de capacitadores bilingües, contó Francisco Javier Rodríguez Ramo, vocal de capacitación de dicho municipio.
Dijo que el paso más importante para ellos fue la de las entrevistas a los capacitadores que irían a reclutar a los funcionarios. Era importante que quienes no hablaran una lengua indígena fueran capaces de negociar con las pocas personas que hablaran castellano en las comunidades sin que generaran suspicacias o rechazo.
“Tratamos de que el personal conozca mínimamente la región, las áreas donde va a trabajar, que al menos tenga el antecedente de haber laborado en esa zona para garantizarnos que sabe comunicarse con los indígenas, que tenga esa sensibilidad”, explicó.
Además, las comunidades casi siempre están enclavadas en lugares de difícil acceso por cuestiones orográficas.
A pesar de esto, Rodríguez aseguró que actualmente el 99% de los funcionarios necesarios para la jornada electoral han sido reclutados y capacitados.
“Son problemas de los que aprendemos cada tres años (cuando hay procesos electorales)”, dijo.
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